- La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un plazo de 6 días naturales para que el Congreso estatal pueda explicar y fundamentar legalmente su decisión de nombrar al Concejo de Bacalar
- Constitucionalmente un Concejo sólo podría ejercer el gobierno 90 días mientras convocan a elecciones.
Jue, 31 Mar 2011 18:26:00
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A escasos 10 días de que tomen protesta las nuevas autoridades municipales, incluyendo el gobierno "provisional" del nuevo municipio de Bacalar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fuerte revés al gobierno del estado al dar entrada a la controversia promovida por el PRD contra la decisión de Félix González Canto de impulsar e imponer, vía el Congreso de Quintana Roo, al cuestionado Concejo de Bacalar por un periodo de poco más de dos años y medio puesto que esta medida fue calificada de inconstitucional, trascendió esta tarde.
Ante ello, la SCJN dio al Congreso de Quintana Roo un plazo de sólo seis días hábiles para explicar y fundamentar legalmente su decisión de nombrar y respaldar al nuevo Concejo de Bacalar, siendo que constitucionalmente un Concejo sólo podría ejercer el gobierno durante un plazo máximo de 90 días mientras se convocan a elecciones.
Sin embargo, como se recordará, el gobierno de Félix González Canto, a contracorriente, promovió que el Concejo tuviera una duración de poco más de dos años y medio para no convocar a elecciones constitucionales en el naciente municipio de Bacalar. Este periodo lo igualaría con el periodo de gobierno de los demás ayuntamientos del estado elegidos constitucionalmente.
El PRD, a través del hoy diputado Antonio Meckler, impulso entonces una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ahora está procediendo con extremada celeridad.
La decisión de la SCJN tomó por sorpresa a la XIII Legislatura que preside el priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui, ya que en caso similares la Corte da un plazo de al menos 30 días para responder ante una controversia constitucional y en este caso sólo está dando 6 días hábiles, lo que fue interpretado como un intendo de impedir que el Concejo de Bacalar tome posesión del gobierno el próximo 10 de abril.
A través del Congreso de Quintana Roo, el gobierno estatal impuso a Francisco Flota Medrano, ex titular de la Contraloría del Estado para encabezar al Concejo de Bacalar que, por supuesto, también quedó con mayoría priísta.
Con el Concejo priísta impuesto, el PRI y el gobierno del estado, en teoría, controlarían cinco de los 10 municipios de Quintana Roo, ya que el resto fueron perdidos ante la alianza opositora PRD-PAN-PT-Convergencia en las elecciones constitucionales realizadas el año pasado.
El pasado 16 de febrero, el Congreso avaló la creación de Bacalar como décimo municipio de Quintana Roo, una iniciativa apoyada por todos los partidos, incluso el PRD, pero de inmediato surgieron los primeros conflictos por la negativa del gobierno y del PRI a convocar a elecciones, ya que enseguida hicieron saber de su pretensión de nombrar a un Concejo municipal por un periodo más largo del permitido constitucionalmente.
El 22 de marzo, el Congreso del Estado aprobó al nuevo Concejo y designó a sus once integrantes, quedando conformado por seis propuestas del PRI incluyendo la presidencia, dos del PAN, así como uno del PRD, PT y Nueva Alianza, respectivamente. En el rejuego, el PRD perdió una posición que había ganado por supuestos conflictos internos dentro de ese instituto político.
El 23 de marzo, el Concejo de Bacalar tomó protesta ante el Congreso.
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